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Ambito.com: Víctimas rescatadas de la trata exigen una reparación económica al Estado para rehacer sus vidas

Apenas una víctima es rescatada del circuito la trata, se le presenta la dificultad de reinsertarse en una sociedad de la que, en la mayoría de los casos se la mantuvo apartada, en ocasiones durante muchos años.

Las herramientas para hacerlo, son escasas. No sólo las económicas, sino también las sociales: hay una situación de vulnerabilidad a la que los damnificados están expuestos al salir de la explotación e intentar sobrevivir.

En este marco, son pocas las víctimas que logran constituirse en actores civiles y llegar a la instancia de juicio. Según Alejandra Mangano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, un 70% de los casos que van a juicio son por explotación sexual. De este 70%, el 99% son mujeres. 

Asimismo, hay un « período ventana » para quienes esperan una sentencia judicial, que oscila entre los tres a los cinco años.

Actualmente existe una ley (26.364) de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Pero hay algo que esta normativa no contempla: la reparación del daño.

Para cubrir esta falencia, la senadora por el bloque del Frente para la Victoria y presidenta de la Banca de la Mujer, Marina Riofrío, presentó un proyecto de ley que prevé, por un lapso de diez años, la retribución de una pensión contributiva para las víctimas rescatadas.

Si bien la iniciativa cuenta con media sanción por la Cámara de Senadores, aún no hay fecha para su tratamiento en Diputados, y la campaña electoral, dilata la cita en el recinto.

Los precedentes no son alentadores. A fines de 2016, el proyecto también obtuvo media sanción y luego de dejó caer en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja.

Según las estadísticas oficiales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, a las que accedió ámbito.com, durante 2016 hubo un total de 3.256 denuncias vinculadas a la trata de personas. Los casos denunciados van desde la explotación sexual y laboral, hasta el secuestro y venta de niños, pasando por ofertas laborales engañosas, traslado de personas, y hasta desaparición de las mismas.

Sin embargo, la cantidad de personas asistidas o rescatadas por esta problemática, fue una de las menores desde la creación del organismo encargado de contabilizarlas, en 2008. Durante 2016 se ha rescatado y/o asistido a un total de 666 víctimas. Este número se aleja bastante de la tasa que el organismo manejó durante los últimos años: 2.110 personas en 2015, 1.810 en 2014, y 1.746 en 2013.

Del total de víctimas rescatadas, son pocas las que llegan a la instancia de juicio. A nivel mundial, se cuenta el antecedente brasileño del caso Hacienda Verde vs. Brasil, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 2016 la primera condena a un Estado por tolerar la esclavitud en sus formas modernas, y como consecuencia ese país fue condenado por violar las garantías laborales de 85 trabajadores que debieron ser rescatados de una hacienda en el Estado de Pará.

En Argentina, sólo una de las víctimas logró en instancia legal que el Estado reconozca y repare el daño. 

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