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datachaco.com: “El Chaco hace jurisprudencia en violencia de género a nivel país”

Lo dijo Pablo Vianello, el abogado de Luciana Romero a datachaco.com. « Luciana puede caminar tranquila », marcó.

Veinte años de condena efectiva para el taxista Germán Cazal Ortiz que apuñaló 14 veces a su exmujer Luciana Romero, frente al Hogar Madre Teresa de Calcuta, en la avenida 9 de julio y calle 1, en enero de 2016 resolvió este martes la Justicia Chaqueña.

En este sentido, Pablo Vianello, el abogado de la víctima dialogó con datachaco.com y analizó la resolución “ejemplificadora”, por primera vez, de la Justicia chaqueño, el rol del Estado, el Poder Judicial y la prensa.

“Para nosotros, si le ponemos un título, el Chaco hace jurisprudencia en violencia de género a nivel país. Es la primera tentativa de homicidio con condena efectiva en la provincia del Chaco y es la sentencia más alta en el país en lo que es tentativa de homicidio”, destacó el abogado.

Córdoba tiene una condena por 17 años, y el Chaco por 20 años. “Podemos decir que es un fallo ejemplar que genera jurisprudencia y hoy el Chaco va a estar en todas las apelaciones a la Corte Suprema el día de mañana en lo que sea tentativa de femicidio”.

PROCESAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES Y DEL EJECUTIVO

“Estoy más que conforme”, apuntó Vianello y marcó: “Es también importante destacar lo que el tribunal decidió en este caso de procesar a miembros del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, teniendo en cuenta de que consideró que no se le brindó a Luciana la seguridad que debía y no se cumplieron los protocolos que se están aplicando y legislando en violencia de género”.

Por ello “se considera que hay responsabilidad de ciertos funcionarios públicos, cuestiones que a mi entender y desde mi punto de vista no tienen que ver con la Fiscalía interviniente, ya que el brazo es la Policía. Esto no es una película de Miami donde el que investiga es el detective y se mete en los lugares que acá la investigación debe hacer la Policía. Entonces yo considero que está bien que se investigue porque esto va a generar mayor conciencia en la investigación para casos futuros, pero sí es importante de destacar que en este caso la Justicia no es la que posee los botones antipánico”.

“Los botones antipánicos son proveídos por el Poder Ejecutivo, no por el Poder Judicial, entonces hay que investigar bien las responsabilidades. Las políticas públicas deben aplicarse”, pidió.

 

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