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Declaración final del encuentro de Juezas y Procuradoras sobre el tráfico humano y el crimen organizado

La trata de personas es un crimen aberrante que atenta contra el derecho de gentes que suele contar con la aquiescencia o negligencia del Estado, lo que lo convierte en una grave violación a los derechos humanos y debe ser considerado de lesa humanidad e imprescriptible, condenado por la ONU en la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En noviembre del 2011, el Papa Benedicto XVI afirmó: “Hay que afrontar la discriminación sexual de las mujeres. Toda persona, tanto hombre como mujer, está destinada a ser para los demás. Una relación que no respete el hecho de que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, constituye un crimen grave contra la humanidad. Ya es hora de detener de modo enérgico la prostitución, así como la amplia difusión de material de contenido erótico o pornográfico, también en Internet” (Discurso al embajador alemán, 7 XI 2011).

En septiembre del 2015, el Papa Francisco pronuncia un histórico discurso en la Naciones Unidas ofreciendo su más firme compromiso frente a cualquier forma contemporánea de esclavitud, reafirmando, como otras muchas veces, que la trata y los sistemas de explotación alimentados por ella, como la prostitución, el comercio de órganos, los vientres subrogados, o el trabajo forzoso son crímenes de lesa humanidad, porque violan la dignidad y la integridad de la persona humana. Estos crímenes deben de ser reconocidos y penalizados como tales para ser erradicados definitivamente y cuanto antes de la faz de la tierra.

Lo primero que merecen y exigen todos y cada uno de los pueblos del mundo es un Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y policial sabio, consciente, honesto, responsable, trasparente y creíble en la búsqueda del bien común, de la dignidad de las personas, de la justicia social y de la paz. Cualquier complicidad del Estado, del Sistema Judicial y de las fuerzas de seguridad en la trata de personas, denunciada por muchos en numerosas partes del mundo, significa la corrupción absoluta de los poderes estatales. Se ha comprobado también complicidad de los poderes fácticos y de otros estamentos de los poderes públicos por el predominio del creciente tráfico internacional de personas con fines de explotación sexual o laboral llevado adelante por redes de tratantes transnacionales y el narcotráfico.

El sistema judicial debe contar con leyes claras y firmes, nacionales e internacionales, que establezcan del punto de vista jurídico el indiscutible hecho antropológico y sociológico que comprueba que la trata de personas es una violación de los derechos humanos y un crimen aberrante de lesa humanidad, porque viola física, psíquica y anímicamente del modo más grave el cuerpo y la psique de las personas.

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