1. La justicia argentina está frente a un gran desafío institucional que consiste en superar la crisis de legitimidad que la afecta. Afortunadamente no es una crisis de legitimidad terminal. Todavía estamos a tiempo de revertirla.

En un pasaje famoso de El Federalista, Hamilton sostuvo que lo que caracteriza a la judicatura es que los jueces no tenemos ni la bolsa ni la espada. Carecemos del imperium de otros poderes del estado. Por ello, la fuerza de nuestras decisiones, y nuestra aptitud para ser la última palabra en las confrontaciones que caracterizan a toda sociedad moderna, depende únicamente de nuestra legitimidad para decidir. En otras palabras, depende de que los afectados por nuestras decisiones estén dispuestos a aceptarlas sencillamente porque la decisión proviene de quienes hemos sido investidos por nuestra comunidad con el poder de decir el derecho.

La legitimidad del Poder Judicial es esencial. Un Poder Judicial sin legitimidad pierde su razón de ser pues sin legitimidad un Poder Judicial no puede ser eficaz en la realización de sus fines.

  1. No hemos llegado a nuestra actual situación de un día para el otro. Tampoco es el resultado de la fatalidad sino, más bien, de una combinación de factores con múltiples actores gestada de modo gradual a lo largo de mucho tiempo. Como la crisis de legitimidad es compleja, no es fácil establecer cómo superarla. Sin embargo, sin ánimo de minimizar la magnitud de nuestro desafío, creo que, por la capacidad de nuestra gente, es posible encontrar una solución.
  2. Toda crisis de legitimidad es en gran parte una crisis de confianza. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportamos como verdaderos jueces de una democracia republicana. La solución requiere entonces que revirtamos esta percepción y, para ello, los jueces debemos mostrar, todos y todos los días, que sí somos verdaderos jueces de una democracia republicana.
  3. Para empezar a transitar este camino de regeneración es preciso internalizar algunas convicciones fundantes. En primer lugar, tenemos que entender que pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio. Ser jueces o funcionarios del Poder Judicial no nos confiere derechos sino que, por el contrario, nos impone deberes y responsabilidades. El Poder Judicial es un poder que en todo estado democrático y republicano se organiza para prestar el servicio de justicia a la comunidad. Estamos para servir a la ciudadanía con una particular prestación: aplicar el derecho.

En segundo lugar, debemos también entender que para servir a nuestra comunidad como jueces no debemos buscar el poder. Como he dicho varias veces, la percepción de que somos poderosos (por oposición a la de ser justos y rectos) no ennoblece sino que mancilla nuestra investidura.

Cuando nos concebimos como servidores e instrumentos de una función estatal imprescindible e indelegable —la de aplicar el derecho—, podemos ver con claridad que hay muchas cosas por hacer para recuperar legitimidad. Me quiero detener aquí solo en dos de ellas que creo que tienen una importancia capital.

  1. La primera es que debemos convertirnos en una institución íntegramente sujeta a procedimientos reglados en base a los cuales sea posible evaluarnos con objetividad. La magistratura es un trabajo del que depende la libertad y el patrimonio de nuestros conciudadanos y, por esa razón, debe estar sujeta a reglas de evaluación claras. Nuestro comportamiento, tanto jurisdiccional como administrativo, debe poder evaluarse públicamente mediante estándares objetivos. No solo debemos permitir que la ciudadanía y la sociedad civil escudriñen lo que hacemos a voluntad sino que debemos mostrar que lo que hacemos se conforma con reglas claras establecidas de antemano.
  2. El poder judicial no ha avanzado lo suficiente en ese sentido. Sin duda la Corte, que desde hace unos meses tengo el honor de presidir, ha hecho avances significativos en el marco de una política de gobierno abierto. Estoy también seguro de que esta Corte está dispuesta en el futuro a hacer todo lo posible por mejorar. Para corroborar esta convicción me gustaría mencionar aquí incidentalmente tres medidas que hemos adoptado muy recientemente que muestran nuestro compromiso.
  3. a) La primera de ellas está destinada a medir la calidad de nuestro trabajo. Hace ya tiempo la Corte hizo posible la digitalización de los trámites de los expedientes. El propósito central era lograr mayor eficiencia pero esa digitalización tuvo un efecto secundario también beneficioso: permitió la creación de una gigantesca base de datos. Esa base de datos contiene información empírica objetiva que, correctamente analizada, permite que seamos evaluados. En esa línea hemos impulsado hace unos meses la creación de un software para analizar los datos. La semana pasada publicamos los primeros resultados en la web de la Corte a los que todos pueden acceder.

Es la primera vez que la Corte hace esto y por esa razón el análisis de las estadísticas que presentamos es todavía rudimentario. Examina el flujo de causas, el tiempo que demora su tramitación, el promedio de causas sentenciadas y discrimina las razones que la Corte emplea para resolver. Lo que hemos hecho hasta ahora es claramente insuficiente pero es una muestra de nuestro compromiso. Por otro lado, el nuevo mecanismo tiene una gran potencialidad. Las posibilidades de mejorar nuestras mediciones son enormes. En poco tiempo más podremos examinar la productividad, en términos cuantitativos y en base a información empírica, hacer comparaciones con los parámetros que deseemos (año a año, mes a mes, por temas). Convenientemente desarrollada, esta estrategia puede expandirse a todo el Poder Judicial de la Nación.

  1. b) La segunda medida que hemos adoptado para lograr un funcionamiento más acorde con los requerimientos de un poder del estado moderno y reglado es la creación de una agenda de causas trascendentes. Mis colegas y yo entendemos que se trata de un paso significativo. Nunca se había hecho antes en la historia de la Corte. La decisión sobre qué causas trascendentes serán tratadas con prioridad es ahora pública. Otorga previsibilidad y permite organizar mejor nuestro trabajo. Además, nos fuerza a nosotros los Ministros a llegar a un acuerdo sobre las causas que, estando maduras para ser decididas, nos parece que tienen mayores implicancias y que, por ello, deben ser tratadas con prioridad.
  2. c) Finalmente, en virtud de una Resolución que dictamos la semana pasada, hemos ordenado elaborar un proyecto de reglamento de compras y contrataciones para reemplazar el sistema vigente, que data de 1972. La Corte contrata muchas prestaciones y es indispensable reglarnos nuevamente en ese aspecto. Los requerimientos de recursos materiales de este Tribunal y el modo en que los satisface han cambiado muchísimo en todos estos años. También han cambiado mucho los estándares de control aceptables para cualquier dependencia del Estado. El Poder Judicial no puede quedar a la zaga. El nuevo procedimiento permitirá que el manejo del dinero público se pueda evaluar fácilmente en base a reglas objetivas también dictadas de antemano.
  3. Las tres medidas que acabo de mencionar en pos de un funcionamiento que responda a procedimientos reglados cuyo cumplimiento sea evaluable públicamente pueden parecer poco grandiosas. Esa apariencia es correcta. No son cambios dramáticos ni categoriales. Pero yo creo que, no obstante, son muy importantes. Para mejorar muchas veces es mejor ir despacio por el camino incremental. Las mejoras incrementales, por oposición a las mejoras revolucionarias, tienen mayor potencial para reformar sencillamente porque el consenso acerca de ellas es más fácil de lograr. Además no requieren un esfuerzo titánico para abandonar las prácticas existentes que seguramente nos han moldeado a todos. Lo único que este tipo de reformas requiere es interpelarnos y pedirnos lo que no podemos sino estar dispuestos a dar, esto es, y simplemente, trabajar un poco mejor cada día. Por otro lado, las mejoras incrementales nos ponen al margen de la necesidad de grandes líderes, a los que en la Argentina somos tan adeptos, y van en la línea de la convicción de que lo que hace falta, más bien, es una épica de los cambios modestos y graduales. Ese tipo de cambios nos exige a todos —insisto: todos— comprometamos a avanzar siempre y de un modo sostenido.
  4. En definitiva, es indispensable hacer lo que se necesita para tener un Poder Judicial sujeto a procedimientos reglados que constituyan estándares de evaluación objetiva de nuestra acción. Eso es lo primero que debemos hacer para sortear la crisis de confianza que enfrentamos. Pero eso no es todo. Para recuperar la legitimidad debemos hacer algo más.

En efecto, debemos esforzarnos en mostrar que somos puntillosamente respetuosos de las reglas que el pueblo de la Nación fijó para resolver los conflictos que nos toca adjudicar y que respetamos únicamente esas reglas. La crisis de legitimidad, como dije, es en parte una crisis de confianza y la desconfianza creciente de nuestros ciudadanos ha nacido en parte porque se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar que no nos servimos del derecho sino que servimos al derecho. Debemos mostrar que somos meros instrumentos de la Constitución y de la ley. En eso consiste ser un juez de una república democrática y constitucional. Los jueces debemos mostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea el interés de realizar el imperio del derecho.

  1. Debemos ser conscientes de que, para mostrar que el derecho es nuestro único interés, nos hará falta mucha constancia. Mostrar que no servimos a otros intereses y que solo somos respetuosos de la Constitución y las leyes lleva tiempo. Es imposible recuperar la confianza ciudadana con logros aislados y la constancia es algo que nos cuesta a los argentinos.

Suena crudo pero es así. No podemos mostrar que estamos a la altura de nuestras responsabilidades con una sola decisión, ni con dos o tres decisiones. No podemos siquiera mostrarlo en uno o dos años. Los ejércitos, decía Napoléon, marchan al paso de los más lentos. Mostrar que no servimos a ningún otro interés exige una línea de continuidad. Más aun, cualquier claudicación será vista como una confirmación de que en los jueces no se puede confiar.

Por ello, mostrar que solo decidimos en base a la Constitución y las leyes requiere que todos los jueces seamos coherentes todo el tiempo, en todas nuestras decisiones. Y para ser coherentes todo el tiempo debemos pagar un precio alto pues debemos estar dispuestos a vivir con la falta de popularidad que algunas de nuestras decisiones pueden generar. Sabemos que no todo lo que la Constitución o las leyes establecen es popular o cae bien. Como decía Felix Frankfurter, un juez de la corte norteamericana a quien admiro tanto como he admirado a Genaro Carrió y a Carmen Argibay, “la Corte no tiene razón de existir si meramente refleja las presiones del momento. Nuestro sistema está construido sobre la fe de que las personas a quienes se ha asignado esta especial función, los jueces, son libres de la influencia de la inmediatez y de las desviaciones de ambiciones mundanas, y serán capaces de adoptar una perspectiva de un alcance mayor al del período de responsabilidad confiado por la Constitución al Congreso y a las legislaturas”.

Quiero destacar también que, para mostrar coherencia todo el tiempo en todas nuestras decisiones, es crucial que expongamos siempre con claridad todas las razones por las que decidimos como lo hacemos. La legitimidad que requiere la judicatura no puede confundirse con la que caracteriza a la buena política. Esta es una verdad que no puede olvidarse. Los representantes de la voluntad popular son legítimos cuando son elegidos del modo indicado por la Constitución y las leyes. La legitimidad de los jueces, en cambio, no se agota en el modo de su elección sino que depende crucialmente del modo en que deciden y, más importante que ello, de las razones que invocan en apoyo de su decisión.

El Poder Judicial ha sido ideado como el altar de las razones jurídicas. Por ello, lo que importa —y lo que debe importar— no es meramente el resultado de la decisión, esto es, quién gana y quién pierde, si gana el gobierno o la oposición, si gana la izquierda o la derecha, si gana el actor o el demandado. Lo que importa es que el resultado de un pleito venga determinado por las razones jurídicas que lo justifican.

Debemos vernos a nosotros mismos como integrando, para usar una frase conocida, un “foro de razones”. Ello significa que nuestras decisiones no pueden ser ad hoc sino que deben están estructuradas por principios. Significa también que estamos comprometidos, en casos futuros, a aplicar esos mismos principios aunque el resultado sea impopular o antipático. Significa que, como Ulises, somos capaces de atarnos al mástil de la legalidad. Como yo lo veo, este es el punto central para recuperar confianza y legitimidad.

No quiero dejar de enfatizar también, para terminar, que este esfuerzo por ser coherentes, por mejorar la calidad de nuestras decisiones de modo que respondan a principios generales que nos vienen impuestos por la Constitución y las leyes, debe ser un esfuerzo colectivo, no solamente individual. Debemos recuperar ese valor como parte de nuestra cultura institucional.

  1. El camino que tenemos por delante es largo y demandará trabajo. Si uno lo piensa, no hay nada paradójico en ello. La confianza en nuestras instituciones, de la que depende la posibilidad misma de vivir en un estado civilizado, es un bien frágil que se quiebra fácilmente. A lo largo de nuestra historia se ha quebrado en más de una oportunidad y una vez roto es muy difícil de reconstruir.

Es verdad, no obstante, que la confianza no se ha perdido totalmente y que recuperarla es perfectamente posible. Exige paciencia y un trabajo sostenido. Hay que prescindir de estridencias y personalismos. Pero se puede lograr. En estos pocos meses, desde que fui honrado con la presidencia de este tribunal, he conocido a muchísimos funcionarios y empleados judiciales. Me he entrevistado personalmente con ellos. He conocido a nuestros equipos de trabajo en reuniones grupales. He conversado sobre inquietudes comunes. Y ese intercambio ha generado en mí una convicción profunda. La enorme mayoría trabaja con ahínco. La enorme mayoría tiene el deseo de hacer su trabajo mejor cada día. La enorme mayoría de nosotros quiere estar a la altura de sus responsabilidades y tiene las capacidades personales necesarias para estarlo. Tenemos la motivación que, a mi humilde entender, constituye el detonante más importante de todo proceso de regeneración, por difícil que éste sea. Esa motivación no es otra que la de estar orgullosos de hacer nuestro trabajo. En el caso del Poder Judicial, se trata de estar orgulloso de usar siempre el derecho para servir a los argentinos.

  1. Espero que estas palabras nos ayuden a ver los desafíos que tenemos por delante y para advertir que, aunque el camino es difícil, podemos recorrerlo juntos. Lo transitaremos y lo transitaremos bien.

Muchísimas gracias.