ace exactamente una semana el Gobierno nacional promulgó la Ley 27499, conocida como “Ley Micaela”, que prevé a partir de 2019 capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El impacto de “Mirá cómo nos ponemos” por la denuncia de violación que hizo pública la actriz Thelma Fardin contra su colega Juan Darthés, y otras resonantes denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y políticos que se sucedieron, lograron introducir este flagelo en la agenda social y empujaron la aprobación parlamentaria de la norma en la sesión extraordinaria del 18 de diciembre pasado.
En ese marco -contemplando además otra ley en el tema, la 27210, que establece un Cuerpo de Abogadas/os para Víctimas de Violencia de Género para garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas- especialistas de todo el país están generando contenidos académicos del Curso obligatorio de Transformación Actitudinal en Género (TAG) que deberán aprobar también los letrados que aspiren a conformar ese cuerpo.

Dos referentes cordobesas, María Raquel Martínez y Ana Inés Pagliano, asesoras letradas del sistema judicial que representan a víctimas, están participando en la elaboración de esas capacitaciones, iniciativa que impulsan el Ministerio de Justicia de la Nación y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA). En diálogo con Comercio y Justicia, coinciden en que es clave lograr una transformación actitudinal en género en la sociedad en general y en los operadores de justicia sobre todo. Escuchar y empatizar con las víctimas es fundamental. Coinciden en que es necesario desmitificar aquello de que el abuso sexual es difícil de investigar y probar. Afirman que este delito vulnera la personalidad y deja una huella psicológica para siempre. En este sentido, sostienen que disciplinas como la psicología puede ver y recoger esas pruebas.
Martínez está al frente de una asesoría de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género del 7° Turno, en tanto que Pagliano es asesora letrada penal del 24º Turno y representa a quienes sufrieron abusos sexuales y lo denunciaron en ese fuero. Ambas hablaron sobre las implicancias del abuso sexual infantil y las cuestiones necesarias de modificar para lograr justicia con las víctimas.

“Las políticas de género incluyen capacitación, una necesidad obligatoria para toda la sociedad y más aún en aquellos patrocinantes de víctimas de un delito de especialísimas características como el abuso sexual infantil, que toca fibras constitutivas de la personalidad, entonces es mucho más vulnerantes cuando son niñas o niños”, describe Martínez.
“El abuso sexual infantil hace un daño que muchas veces es imposible de revertir, y a veces si, ves a las niñas que pueden cargar con ese monstruo en la mochila y seguir caminando. Lo cargan de todas formas, pero lo cargan sufriendo. En cambio, si uno las ayuda, si el abogado está capacitado, por ejemplo en estas dos cuestiones sencillas: creerle a la víctima y decirle a la víctima ‘yo te creo’, eso hace casi 90% del trabajo del abogado”, afirmó Martínez, asesora con amplia trayectoria que incluso en enero se encuentra atendiendo situaciones de abuso durante la feria judicial.

El “clic” de la empatía
Además de pasar por el calvario de un abuso, las víctimas en muchos casos “siguen siendo vulneradas también en su credibilidad”.
En ese sentido, Pagliano, recalcó: “Es fundamental el espacio de escucha del niño donde se pueda generar un lazo de empatía para que expresen su sentir frente al proceso; en función de eso uno tiene las herramientas para proteger el interés superior de ese niño en concreto.
Un abogado/a que se va a dedicar a los niños desde el Estado como asesor o como abogado del niño, tiene que desarrollar habilidades para la escucha y eso viene de la mano de la interdisciplina, con herramientas de la psicología por ejemplo.
Tienen que estar entrenados, con una mínima capacitación y un espacio físico adecuado para ello. Cuando un niño detecta que está dada la atención para escucharlo, habla con facilidad. A veces sorprende y con una o dos entrevistas lo cuenta”.
Por su parte Martínez, destacó que en Argentina hay buenas leyes en la materia pero “falta conocerlas, capacitación y desarmar mitos como el de que el abuso sexual es difícil de investigar. Cuando uno se corta le quedan las huellas físicas, cuando a uno se ele vulnera la personalidad queda la huella psicológica para siempre”.

Pagliano advierte que hay víctimas que recién pueden expresar su pesar transcurridos muchos años. “En muchos casos de abuso de niños sucede que hasta que pueden elaborar y hablar transcurre mucho tiempo.
El abuso deja huellas y en cuanto a las pruebas aquí se observa la importancia de otras disciplinas que recogen y la pueden ver, como la psicológica. Ahora hay una modificación del plazo de interrupción de la prescripción, empieza a computar desde la mayoría de edad, eso va a traer muchos procesos en los que se puede investigar con víctimas que pudieron hablar después de mucho tiempo”.
Finalmente, Martínez insistió en que es fundamental que la víctima sepa que el letrado, como representante de la ley, de la defensa técnica, le cree. “Cuando se le manifiesta esto cambian la cara, la actitud, el lenguaje corporal. Es importante la validación de un tercero dentro de ese delito que es tan íntimo y que mueve cosas tan íntimas de una persona. Y si, además, se le asegura que lo que está diciendo no va a salir de las cuatro paredes y sólo se va a utilizar para lo que quieran hacer con el agresor, como llevarlo a la cárcel o pedir que no se acerque más, en términos de niñas y niños estamos casi obteniendo la base para la reparación”, sostiene.

 

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