Aportes de campaña, bolsos voladores y otros tantos hechos que hablan de la necesidad urgente de encararla.

Reformar la justicia es esencial para mejorar la calidad de nuestra democracia y sus mecanismos de control. Hechos como los que se investigan -bolsos voladores, “aportes para la campaña” que encubren sobornos, corrupción a cielo abierto- lo hacen aún más evidente y necesario. La imagen de la justicia se vio afectada por el desempeño de algunos jueces a cargo de investigar actos de funcionarios públicos. Pero también existen otros problemas: procesos que se eternizan, métodos de trabajo anticuados, edificios deteriorados por el peso de los expedientes, información estadística escasa y creación de juzgados según modelos de hace más de un siglo. La reforma de la justicia necesita de la participación de quienes trabajan en ella y con ella. Una valiosa experiencia, en este sentido, fue la de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino, creada tras la crisis de fines de 2001 por el Gobierno nacional y la Iglesia Católica, con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): entre 2002 y 2006 participaron de ella más de mil jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, funcionarios, representantes de asociaciones profesionales, gremios, organizaciones de la sociedad civil, universidades y credos. Fui relator y secretario de esta mesa, en la que construimos propuestas y acciones para mejorar el acceso, la capacitación y la cooperación entre jurisdicciones de todo el país. La Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino dejó de reunirse por la agresividad del gobierno de entonces y los ataques de sus grupos acólitos hacia la justicia, reflejados en hechos como los agravios a jueces que debían decidir sobre la constitucionalidad de la ley de medios, los proyectos de “democratización”, la campaña para desacreditar al fiscal Alberto Nisman tras su muerte y las maniobras para el juicio político del ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt. Con la asunción del actual gobierno, a fines de 2015, muchos de quienes participamos de la mesa creímos que iba a ser reeditada, pero no fue así: se lanzó el programa Justicia 2020, una agenda del poder ejecutivo para reformar a otro poder público, el judicial. Los cambios “desde afuera” no funcionan, porque quienes trabajan en la justicia los resisten, debido a que no participan de su creación. Para reformar la justicia, es esencial construir una agenda de corto, mediano y largo plazo a partir del liderazgo y el diálogo de todos los sectores interesados: judiciales, abogados, sociedad civil, universidades y poderes políticos. Sólo así se pueden lograr el consenso, la cooperación y los recursos para implementar más vías de acceso, y avances que necesitan una infraestructura acorde, como nuevos modelos de juzgados y edificios, el expediente digital, la oralización y grabación de las audiencias, y las comunicaciones. Para ser mejor, nuestra democracia necesita una justicia más independiente, ágil y cercana. El diálogo es el camino para hacerla realidad. (*) decano de la Facultad de Estudios para Graduados de la Universidad de Belgrano

 

(Fuente www.perfil.com).

http://www.perfil.com/noticias/opinion/lo-que-hace-falta-para-una-verdadera-reforma-judicial.phtml