“Tranquilízate, chica, que estás muy nerviosa”, decía el agente mientras movía en círculos un vaso de tubo largo. La chica era la juez Ana Ferrer, ahora magistrada de la sala penal del Supremo, y le acababan de quemar el coche. Ahora, echa la vista atrás y cree que todo “ha cambiado mucho en todos los niveles porque todos hemos hecho un esfuerzo”. Desde luego, en las cifras de mujeres en la carrera judicial así es. El 53,5% de todas las sentencias que se emitieron el año pasado fueron firmadas por juezas, un dato lógico si se tiene en cuenta que son mayoría desde 2013. Sin embargo, hasta 1966 no podían ejercer esta profesión y hasta 1981 lo podían hacer, pero con permiso de su marido. Pero hay estadísticas que nunca cambian: el 97,9% de quienes pidieron excedencias por los hijos fueron juezas, así como el 100% de quienes lo hicieron por cuidar a un familiar.

Precisamente por eso, la AMJE (Asociación de Mujeres Juezas de España) está perfilando una propuesta novedosa: “Que puntúen estas cosas en los concursos de méritos, que se valore como algo positivo para romper los techos de cristal haber dedicado tiempo a los cuidados de los demás, de la familia”, desvela su presidenta, Glòria Poyatos, una de las pocas juezas decanas del país y quien implantó los grupos de Whatsapp para coordinar su trabajo. Poyatos también recuerda la infrarrepresentación femenina en los órganos de elección: “Ellas no se presentan, ya que priorizan la conciliación”.

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