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Reflexiones sobre algunas verdades respecto de la situación de las Mujeres – Por Claudia Caputi

20Feb

1.- Introducción:

La tarea de quienes nos servimos del sistema jurídico en pos de afianzar la vigencia plena de la Constitución Nacional y sus postulados, enfrenta diversos desafíos.

Al que me voy a referir en las líneas que siguen, radica en la negación misma de un contexto fáctico de desigualdades estructurales que encuentran en las mujeres a las principales afectadas, negación proveniente de diversos sectores de la sociedad. En efecto, en los últimos tiempos, uno de los desafíos que encaran las organizaciones dedicadas a promover los derechos de las mujeres, proviene de un difuso pero muy tangible discurso retrógrado y de inocultable intencionalidad deslegitimante, dirigido contra el obrar de estas organizaciones, y de la noble causa que llevan adelante por mandato estatutario.

En dicho contexto, muchas veces suele negarse o relativizarse la misma existencia de un estado de cosas revelador de asimetrías que dejan en desventaja a las mujeres, cuando no directamente inequitativo. De allí que se considere pertinente efectuar un repaso de las fuentes fácticas de las normas que garantizan la igualdad de género, con miras a robustecer la firmeza conceptual del marco teórico aplicable y sus bases.

Cabe tener presente que este choque de visiones está sumamente instalado, a tal punto que el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión[1], al trazar las “Recomendaciones para evitar discursos estigmatizantes y discriminatorios”, ha preconizado expresamente que cabe: “[e]vitar los abordajes discursivos que plantean “dos campanas del problema” y ponen en igualdad de posición los prejuicios y enunciados discriminatorios con los no discriminatorios”. Al explicarse las razones de esta pauta, que el Observatorio encuentra en el tratamiento periodístico de cuestiones vinculadas con hechos de discriminación, se lamenta que muchas veces se desconozca que “…no son argumentos igualmente válidos y atendibles aquellos que están a favor de la discriminación y la exclusión que los enunciados antidiscriminatorios” (cfr. Quinta Recomendación del Observatorio).

Lo expuesto motiva a múltiples reflexiones, pero en esta oportunidad conducirá a un repaso de las zonas de certeza sobre las que reposan las normas invocables en defensa de los derechos de la mujer. Al hacerlo, buscamos completar paulatinamente una suerte de “botiquín jurídico” para el abordaje de estas cuestiones. En pos de buscar y explorar estas áreas de certidumbre, se considera que resulta útil partir de las premisas que los legisladores, locales o internacionales, han utilizado para adoptar normas en resguardo de los derechos de la mitad femenina de la Humanidad. Por consiguiente, estas líneas irán dedicadas a un ejercicio preliminar de repaso de las diferentes expresiones estatales referentes a la toma de conocimiento sobre la situación real de la mujer en nuestra sociedad.

Lo dicho amerita un par de aclaraciones:

Por una parte, no se soslaya que en la faz práctica existen fenómenos como la anomia, la debilidad de la formación cívica o jurídica de la población, y que incluyen además a las culturas de discriminación. Estas últimas, con sus perniciosos mecanismos de invisibilización y naturalización, coadyuvan a que las normas vigentes en materia de protección de las mujeres encuentren grandes trabas a su aplicación. En otras palabras, este estado de cosas obra como un impedimento en el goce efectivo de derechos plasmados en los textos positivos, y explica los históricos esfuerzos por lograr una igualdad real y efectiva, que no se reduzca a una verdad teórica o declamativa. En todo caso, lo que se trata es de hacer una revisión de las llamadas “verdades constitucionales”, que son aquellas certezas que consensúan las comunidades y obran como sustento, justificación y guía de las normas que dictan. El hecho de que las autoridades de un Estado hagan propias ciertas “verdades” operables, constituye un punto de partida valioso para el intérprete, y en esa dirección se orientarán las líneas que siguen.

Por otra parte, huelga recordar lo que significa el concepto de “verdad”, cuyos profundos bemoles tanto preocuparon a la filosofía desde la antigüedad, y ha marcado la tarea de historiadores, antropólogos, lingüistas, y tantos otros expertos. Los interrogantes han sido incesantes y muchos continúan con respuesta abierta: en qué consiste (esa verdad), si existe realmente, si las personas pueden percibirla y cómo, si hay conocimientos innatos y cuáles serían, si hay verdades absolutas o todo termina siendo relativo, qué rol juega en el conocimiento en sí, cómo hallar luces entre relativismos y absolutismos, cómo abordar el autoengaño, la mentira y el escepticismo, cómo entender la “realidad” freudiana, y un largo etcétera.

Inclusive, la ciencia jurídica pivotea sobre un interesante juego respecto de la certidumbre, en tanto remite a hechos notorios, elabora búsquedas de la “verdad jurídica objetiva”, o elige acudir a ficciones y a presunciones de variada índole, para muchas de las respuestas que estructura; mientras se encarga de tipificar delictualmente a falseos de la verdad, bajo determinadas circunstancias. Además, muchos de los conceptos básicos del Derecho son aprehendidos por sus operadores según la versión de certidumbres con las que operen, de allí que su empleo práctico remita a diversidad de posturas, incluso de base científica, como la misma noción de “persona”, cuyo inicio al mundo jurídico, lo sabemos, no es una cuestión en quietus.

Frente a violaciones masivas y graves de los Derechos Humanos, desde el individuo, además, se ha predicado un derecho a la verdad, individual o en dimensión colectiva, al que el Sistema Interamericano ha reconocido una especial alcurnia jurídica, y ha brindado consistencia conceptual en un interesante documento de 2014[2].

Pues bien, se advierte que bucear en estos dilemas sobre la “verdad” y su problemática excedería el propósito de estas líneas, las cuales se orientan más que nada a una noción instrumental y de sencillo empleo práctico para los operadores del Derecho, y que resulte útil para la reflexión y estudio de los derechos de la mujer. Ciertamente, de lo que se trata en esta oportunidad es de encontrar algo similar a la noción que ha postulado el constitucionalista alemán Peter Häberle, como “verdad constitucional”: una suerte de instrumento para que cada sociedad vuelque sus consensos, exponga sus problemas y soluciones, y que por lo tanto orientará el dictado de normas, con las cuales se adjudicarán los premios y castigos en función de quiénes se considera sean los héroes o villanos bajo la brújula social así construída. Ello implica, además, la aceptación de circunstancias que el mismo Estado no discute, lo que constituye un buen punto de partida conceptual para trabajar sobre el mejoramiento de las variables involucradas.

 

2.- Extrayendo verdades de las normas:

En el plano teórico, sabemos que los textos positivos –aunque perfectibles– garantizan de modo bastante exhaustivo y completo la igualdad de la mujer en diferentes aspectos de su vida. Sin embargo, el gran desafío radica en vencer la brecha entre ese plano de teoría normativa y la realidad que, percibida bajo una visión sociológica, revela que la aplicación y vigencia de aquellos textos dista de ser plena. Por ello, adquieren especial relevancia las afirmaciones que, explícita o implícitamente, vierten los legisladores al dictar las normas que nos interesan. Es de esas expresiones de donde podemos extraer y reconstruir qué certezas tuvieron aquéllos a la hora de regular las materias abordadas por las normas consiguientes.

Ciertamente, los textos fundamentales están signados por premisas en las que se asumen, más o menos implícitamente, ciertas verdades: sólo por recordar un par de ejemplos, valga señalar que según el art. 25 de nuestra Constitución Nacional, la inmigración europea es mejor que otras, algo que bajo el pensamiento del Siglo XXI podría ser puesto en dudas por un sinfín de razones, pero que en todo caso evidencia una certeza –errada o no– de los constituyentes primigenios. Otro ejemplo vendría dado por el giro dado en 1994 al tratamiento de los Pueblos Originarios, cuyas creencias eran tratadas con disfavor en la versión de 1853/60 (máxime, cuando se encomendaba a las autoridades su conversión), mientras que en la cláusula actual se las reivindica y resguarda, junto con el reconocimiento a la preexistencia de dichos pueblos.

En el momento actual, las discusiones sobre la realidad de fenómenos cotidianos sigue suscitando divisiones e intercambios de opinión, y los medios de comunicación dan testimonio constante de ello.

Como fuese, las autoridades públicas precisan de un haz de verdades operables para la formulación de sus políticas, pues sin ellas no es concebible un sistema de responsabilidad, entendida ésta en el modo polisémico (política, penal, civil, administrativa, ética, moral, etc. etc.).

Volviendo ahora a la regulación específica sobre los derechos de las mujeres, la existencia de premisas o puntos de partida conceptuales (muchas veces, basadas en diagnósticos de la realidad) resulta crucial para dar por verificados ciertos estados de cosas, que obren como motivantes y justificantes de la adopción de normas al respecto. Como se verá, no queda lugar allí para la ataraxia.

Es, precisamente, sobre estas certezas que se explican ciertas cláusulas de nuestra Ley Fundamental, como el artículo 37, por el cual se establece que el ejercicio de los derechos políticos opere con igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para acceso a cargos electivos y partidarios, mediante acciones positivas, el 43 por el cual se contempla que frente a hechos de discriminación, los afectados (tanto como las asociaciones sectoriales, el Defensor del Pueblo y demás instituciones que cita) tengan a disposición una vía judicial rápida y expedita, y el artículo 75 inciso 23, por el que se atribuye al Congreso Nacional la facultad de promover medidas de acción positiva en relación con las mujeres, que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales. Un factor positivo esencial viene dado con el otorgamiento de jerarquía constitucional a tantas convenciones internacionales de Derechos Humanos cuyo claro fin es la superación de desigualdades. De todos estos textos se infiere, por lógica inducción, que el constituyente partió de la premisa del desequilibrio entre una y otra mitad de la Humanidad y de situaciones de discriminación, y es claro que ha buscado maneras de superarlas y lograr así la paridad.

De todas maneras, cabe advertir primeramente que los diagnósticos tienen una dimensión y alcance universal: si hacemos memoria, veremos que cuando en diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la CEDAW, dejó expresada una constatación de la realidad, volcada en el sexto considerando de la Convención, donde se recordaba que los Estados están “[p]reocupados … al comprobar que a pesar de” los diversos instrumentos normativos promovidos en el ámbito de la ONU, “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”. Entonces, cuando en 1985 nuestro país ratificó, mediante el dictado de la Ley nº 23.179, dicho instrumento internacional, necesariamente hizo propio dicho diagnóstico y la consecuente “preocupación”; de otro modo habría sido incomprensible la ratificación.

Con una afín comprensión, recordemos también que en el preámbulo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer – “Convención de Belém do Pará” –aprobada en 1996 mediante la Ley nº 24.632–, vuelve a aparecer la actitud de inquietud y desvelo por la temática regulada. En dicha oportunidad, entonces, se puso de manifiesto la “preocupación” de los Estados en cuanto a que la violencia contra la mujer constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, dando a entender inequívocamente la existencia de dicha situación en nuestro continente.

Otro elemento a tener en cuenta, en este sentido, es el “Plan Nacional contra la Discriminación”, que data de 2005[3]. Se trataba de un programa aprobado mediante el decreto nº 1086/05, en cuyo extenso Anexo quedó plasmado un detallado diagnóstico sobre diversos ámbitos en los cuales se verificaba discriminación, y que en la actualidad puede servir como testimonio de un momento reciente de la situación existente en nuestro país. En todo caso, sirve como herramienta para verificar las realidades que el mismo Estado Argentino admitía, las cuales constituyen puntos de partida útiles para la acción.

Cabe destacar que este Plan hace un aporte relevante, pues, en cuanto atañe puntualmente a la situación de la mujer, se dejó asentado sin ambages que: “…las mujeres aún no gozan de la igualdad plena y son discriminadas en distintas esferas de la vida social, política, económica y cultural”.[4]

Si bien esta afirmación no sorprenderá a quienes nos dedicamos al estudio, concientización y sensibilización sobre esta temática, el hecho de encontrarla en una fuente oficial autoriza a interpretar que no puede ser desconocida por el propio Estado, máxime cuando integra los fundamentos que el mismo invoca para la fundamentación de las políticas que se apresta a emprender mediante la consecuente planificación.

Los ítems abordados por el equipo interdisciplinario que elaboró el Plan, a efectos de evidenciar la desventajosa situación de la mujer, transitaron sobre una serie de áreas, que incluyeron: el plano del trabajo y la sindicalización, la educación, la salud sexual y reproductiva, la problemática de las cuotas alimentarias, la violencia de género –doméstica y sexual: la trata de mujeres, la violencia contra las mujeres en situación de prostitución–, lo relativo a la situación de las mujeres indígenas y de las migrantes, el rol de los medios de comunicación, y la participación política e institucional. En todas ellas relevó situaciones preocupantes de desigualdad de las mujeres y niñas.

Sin dudas, este ejercicio analítico que venimos realizando también puede arrojar frutos si lo aplicamos a los fundamentos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los cuales se vislumbran y permean en su articulado.

Ciertamente, si pensamos en las expresiones vertidas en los “Fundamentos” de la Comisión Redactora que acompañaron al Anteproyecto de Código[5], en cuanto a la multiculturalidad de la sociedad a la que iba dirigido, en la atención a las vulnerabilidades, en la mirada atenta a reconocer el valor del aporte de las mujeres a la sociedad mediante la asignación de valor a las tareas de cuidado (cfr. art. 660 del C. C. y C. N.), en la coparentalidad y responsabilidad conjunta frente a los hijos, entre tantas otras, se advertirá el basamento en un diagnóstico de situación muy claro y concreto. En suma: hay allí un rol legislativo consciente de diversas situaciones disvaliosas de nuestra realidad, que ha buscado instrumentos tendientes a superar estereotipos y resabios culturales que trababan la igualdad. La lectura de la realidad, en este instrumento legal, resulta innegable.

En particular, cabe advertir que la sección I de los citados “Fundamentos”, atinente a “aspectos valorativos” de este ordenamiento de derecho privado, se destaca que el mismo constituye un “Código basado en un paradigma no discriminatorio”, agregándose que si bien “en la tradición histórica, el sujeto del derecho privado ha sido el hombre”, se ha decidido cambiar “…este paradigma para concebirlo en términos igualitarios, sin discriminaciones basadas en el sexo, la religión, el origen o su riqueza”. De allí que, según se pone de resalto, “en los textos proyectados aparecen” una serie de sujetos que anteriormente no habían tenido una recepción sistemática, como: la mujer, el niño, las personas con capacidades especiales, el consumidor, las comunidades originarias, y muchos otros.

Es que, en general, todo el dictado de legislación con la que se procura atender a una problemática puntual traduce una implícita ponderación de la realidad por parte de quienes la adoptan: recordemos en este sentido, el ejemplo de la ley sobre la trata de personas, o la que de modo integral tiende a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, por recordar a las leyes nros. 26.364, modificada por la 26.842 y la nro. 26.485, entre muchas otras.

Ésta preocupación por la situación desventajosa y asimétrica en la que se encuentran las mujeres, verificable en las dimensiones que se acaban de reseñar, a su vez, fue retomada en numerosas oportunidades: valga recordar aquí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejerciendo su rol reglamentario e institucional como cabeza de un órgano básico del Estado, ratificó que la violencia contra la mujer es una manifestación de dicho desequilibrio en las relaciones de poder. En efecto, así lo dejó expresado en el segundo considerando de la Acordada nº 13/2009, por la cual se dispuso la creación de la Oficina de la Mujer.

Complementando lo expresado y en línea con lo que se viene reseñando, pensando ahora este tema en clave europea, cabe recordar que los “reconocimientos” que, como consideraciones previas, anteceden al articulado de la “Convención de Estambul” (Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia Contra la Mujer y la Violencia Doméstica), hacen específica mención a la violencia contra la mujer como manifestación de un desequilibrio histórico entre mujeres y hombres. Además se deja de manifiesto, en dicho pasaje de la convención, que aquel desequilibrio ha llevado a las mujeres a una situación de dominación y discriminación por las que fueron privadas de la emancipación plena.

Si se recapitulan todas estas expresiones, claramente se aprecia que existe una coincidencia de diagnóstico, dando así un punto de inicio en toda política tendiente a la paridad. En todo caso, el análisis detallado de los datos e información relevantes sobre el estado de las niñas y mujeres, medido en variantes susceptibles de expresión matemática, y el índice de “feminización” aplicable ya sea a la pobreza o a otros múltiples fenómenos que denigran la dignidad y derechos de las mujeres, será materia de otro tipo de estudios que, de manera constante y dinámica, releven minuciosamente las diversas variantes que atañen a la situación de la mujer.

 

3.- El aporte de la perspectiva de la población en general:

Pasando ahora a otra órbita que opera como cantera o fuente de “verdades”, cabe observar que, al margen de las oficiales o públicas que se han reseñado, encontramos otras que emanan de personas del sector privado, los habitantes de nuestro país.

Cabe tener en cuenta que muchos fenómenos con directas implicancias sobre la situación de goce de derechos fundamentales de las personas, reposan, por su propia esencia, en datos aportados por las víctimas o afectados. En efecto, no todos los episodios que traducen algún tipo de discriminación derivan en denuncias y en intervenciones de las autoridades públicas, algo que ha sido una constante tradicional en la situación de niñas y mujeres, lo cual deja a los datos objetivos y tasados como una herramienta de corto alcance, que debe ser complementada con los elementos que surgen de estas percepciones de las poblaciones involucradas.

Respecto de esta dimensión de datos de fuente privada, se cuenta con múltiples relevamientos. Entre ellos, cabe tener presentes las interesantes encuestas llevadas a cabo por el INADI, las cuales tienen por miras recabar la percepción y pareceres de las personas en torno de diversas cuestiones que hacen a la discriminación. En concreto, el Instituto realiza un “Mapa de la Discriminación” [6], de amplio alcance conceptual, donde una sección específica va dedicada al “Género”[7].

Es así como, por ejemplo, se han hecho relevamientos en torno de la percepción sobre la importancia que adjudican las personas a la discriminación de género, desagregando los datos según la edad y otras variables de los encuestados. También se ha indagado sobre los factores que los entrevistados creían que disparaban la actitud discriminatoria (v.gr., edad, género, nivel socioeconómico, aspecto, obesidad, entre otros). Los datos fueron clasificados en varios cuadros explicativos, donde se muestran –por ejemplo– los resultados en función de las áreas geográficas de la Argentina. Asimismo, se desagregó la información según los ámbitos donde se producía la discriminación, midiéndose entonces: el educativo, el laboral, el del transporte y vía pública, y el familiar. Una sección aparte fue dedicada al ámbito de la salud y de los medios de comunicación, arrojando interesantes conclusiones cuyo repaso detallado excedería la extensión que procura darse a estas líneas, y que merecen ser consultados en detalle en el documento original ya citado.

En forma concordante, en una reciente publicación de 2016, el INADI, al relevar la situación de la Mujer, si bien reconoce diversos avances obtenidos, lo cierto es que deja constancia de que la discriminación persiste en diferentes ámbitos de la vida cotidiana[8]. Asimismo, se señala que según una encuesta de 2008 emprendida por el Instituto, el 38,9 por ciento de las personas cree que las mujeres son discriminadas mucho/bastante en nuestra sociedad[9].

 

4.- Palabras finales:

A esta altura del análisis, se impone reconocer la singular coincidencia entre diagnósticos de fuente estatal/pública y privada, lo cual robustece la verosimilitud y exactitud de las verdades así construídas.

A este contexto de certezas que, como se señala, reconoce una compatibilidad de visiones entre el sector público y privado, cabe aproximarse en una doble dimensión. En efecto, nuestro zoom de análisis debe calibrarse en cercanía y lejanía. Así, bajo una visión panorámica y general, las verdades que se han repasado en los textos legales a lo largo de este trabajo resultan una herramienta indispensable, que marca el tapiz de fondo ineludible. Sin embargo, para completar la visión de las personas expertas, cabe complementar aquella perspectiva con una mirada que vaya a lo minucioso, y por la cual se alcance un conocimiento fino y detallista de la situación de la mujer. Entonces, aquel tapiz se integraría con los resultados de relevamientos constantes sobre una miríada de variables e indicadores sociales, económicos y jurídicos: desde las cifras de femicidios, pasando por la brecha salarial entre hombres y mujeres, hasta mediciones sobre las varias formas en que actúa la violencia de género, como ya se explicó en otro trabajo[10].

Las encuestas y estadísticas serán, entonces, una formidable herramienta para terminar de comprender las varias aristas de los fenómenos que nos interesan, labor indispensable para enriquecer el diálogo y el intercambio maduro y bienintencionado de ideas, tanto como para pensar estrategias con las cuales, junto con otras medidas e iniciativas, se superen estas situaciones.

En definitiva, el trabajo incesante sobre estas cuestiones resulta un insumo esencial para el destacado esfuerzo de tantos años que AMJA ha venido emprendiendo como una misión realmente pionera, en las áreas de investigación, capacitación y sensibilización en Género, que constituyen una verdadera columna vertebral de nuestro quehacer institucional.

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[1] Este Observatorio es es un espacio de cooperación institucional conformado por el Ente Nacional de Comunicaciones, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM).
[2] Véase, en este sentido: documento “Derecho a la Verdad en las Américas (Versión final sujeta a actualización de diseño y diagramación)”, Documento Oficial OEA/Ser.L/V/II.152 Doc. 2 13 agosto 2014, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe señalar que este derecho surgió como respuesta a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH por parte de los Estados; fue con los esfuerzos para combatir la impunidad que los órganos del sistema interamericano desarrollaron estándares regionales para dar contenido al derecho a la verdad, y los Estados y la sociedad civil han desarrollado enfoques e iniciativas para implementarlos en una amplia gama de conceptos. El texto completo de este estudio puede consultarse en el siguiente link:
<http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/derecho-verdad-es.pdf>.
[3]  El texto completo del Plan y el Anexo puede descargarse en el siguiente link:
<http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/wp-content/uploads/2009/10/plannacional.pdf>.
[4] Véase, en este sentido, lo expresado en la página 146 del Anexo del Plan reseñado.
[5] Véase el texto completo de los mismos en este link:
<http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf>.
[6] El documento completo con el Mapa, puede ser consultado en el siguiente sitio de internet:
<http://www.inadi.gob.ar/mapa-discriminacion/documentos/mapa-de-la-discriminacion-segunda-edicion.pdf>. Cabe señalar que en el portal respectivo, se detallan los mapas por jurisdicción, con información adicional, los cuales pueden ser vistos en:
<http://www.inadi.gob.ar/mapa-discriminacion/>.
[7] Véase, en el documento indicado, la sección a partir de la página 141 del mismo.
[8] Cabe consultar el siguiente documento: “Género y Discriminación”, Javier Alejandro Buján (Director), publ. del INADI – Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Buenos Aires, año 2016, consultable en el link:
<http://www.inadi.gob.ar/biblioteca/>.
[9] Ver, en este sentido, la afirmación vertida en la página 25 del documento “Género y Discriminación”, ya citado.
[10] Me remito a la columna de opinión en el portal del Centro de Información Judicial – CIJ, consultable en el siguiente link:
<http://www.cij.gov.ar/nota-24648-Los-deberes-de-los-actores-estatales-en-materia-de-los-derechos-de-la-mujer.html>.