En Traslasierra, un fiscal aplicó esa imputación, que no reconoce antecedentes en Córdoba en las últimas décadas. La mujer víctima cuenta su historia de años de degradación.

 

Parece que ella, al fin, tuviera paz. Luego de un padecimiento de años, habla sobre su propio infierno. Quizá porque ha dejado de arder ahora, con su opresor preso. Entre otros delitos, el hombre está imputado por “reducción a la servidumbre”, una acusación extraordinaria y casi impensada para estos tiempos. Tanto que una imputación con ese delito, que remite a siglos pasados, sería la única actual en su tipo en Córdoba y tal vez hasta en el país.

Daniela –no es su nombre real– acepta dialogar con la condición de que se proteja su identidad y la de sus hijos adolescentes. Vive en un pueblo del Valle de Traslasierra.

En una cotidianidad de espanto, su concubino la sometía a tormentos físicos y psicológicos, que ella fue naturalizando durante más de 20 años de convivencia. Él la golpeaba, la insultaba, y hasta le exigía en invierno dormir fuera de la casa. Incluso, también convivir y cocinar para su otra mujer con sus respectivos hijos, de una familia “paralela” que había formado.

Los datos constan en el expediente judicial y fueron confirmados por la Fiscalía de Villa Dolores.

El acusado se apoderaba además de lo que ella ganaba en sus trabajos de cosechas rurales, haciendo que después tuviera que pedirle para alimentar o vestir a sus hijos. Él se quedaba también con una pensión por invalidez de Daniela (por una discapacidad física) y con las asignaciones de sus hijos.

“A veces él me mojaba y me obligaba a dormir afuera, o no me dejaba acostar, me obligaba a dormir sentada en una silla, y si me movía me pegaba”, cuenta ella sobre los años de torturas. Cuesta creer que esta mujer, educada y atenta, haya aceptado una vida aciaga.

Daniela mira lejos con sus ojos claros, hace un silencio largo, y dice: “No sé, estaba muy sola y tenía miedo”, cuando la pregunta indaga sobre por qué no lo denunció.

 

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