Proteger a las infancias y adolescencias frente a toda forma de violencia sexual es un deber ético, constitucional y convencional ineludible.
Desde el sistema de justicia tenemos la responsabilidad de garantizar procesos con perspectiva de niñez y de género: escuchar con empatía, evitar toda forma de revictimización, actuar con celeridad y aplicar los estándares internacionales de derechos humanos para asegurar una tutela judicial efectiva y reparadora.
La prevención, la detección temprana y una justicia comprometida son pilares fundamentales para resguardar la integridad y los derechos de cada niña, niño y adolescente.

