La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) expresa su profunda preocupación ante determinadas formas de exposición pública de magistradas a raíz del contenido de decisiones adoptadas en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Las resoluciones judiciales están sujetas al escrutinio público y pueden ser analizadas, cuestionadas y criticadas. El orden constitucional prevé, además, las vías procesales correspondientes para su revisión y los mecanismos institucionales destinados a examinar la actuación de quienes ejercen la magistratura.
Sin embargo, ese legítimo debate adquiere una dimensión diferente cuando la discusión sobre una decisión judicial se desplaza hacia la descalificación personal de la jueza que la dictó, su señalamiento público o la atribución anticipada de responsabilidades al margen de los procedimientos establecidos. La amplia capacidad de difusión de los medios de comunicación y de las redes sociales exige, en este ámbito, una especial responsabilidad.
La independencia judicial requiere que juezas y jueces puedan resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción con estricto arreglo a la Constitución, la ley y las constancias de cada causa, sin que la eventual repercusión pública de sus decisiones se convierta en un factor de presión sobre el ejercicio de su función.
Al mismo tiempo, AMJA reafirma el valor esencial de la libertad de expresión y del periodismo en una sociedad democrática, así como el derecho de la ciudadanía a conocer, analizar y debatir las decisiones de los tribunales. La crítica fundada fortalece el funcionamiento de las instituciones y contribuye al control democrático de la actividad judicial.
Precisamente por ello, resulta indispensable preservar la diferencia entre el examen crítico de una resolución y la deslegitimación de la persona que ejerce la magistratura. Los desacuerdos con una decisión encuentran cauces jurídicos e institucionales para su revisión y, cuando corresponda, para la determinación de responsabilidades.
La independencia judicial, la libertad de expresión y el control institucional constituyen garantías fundamentales de una misma democracia constitucional. Su vigencia exige un debate público vigoroso y, a la vez, respetuoso de las reglas y procedimientos que aseguran el funcionamiento de la República.