Hombres y mujeres somos diferentes en cuanto al sexo, pero somos iguales en derechos, en dignidad, en capacidad y en sueños.
Mujer es la persona de sexo femenino. Así lo define el diccionario de la Real Academia, lo intuye el innato sentido común y lo presupone el lenguaje ordinario. Asimismo, lo reconoce el derecho constitucional e internacional. Parece una perogrullada repetirlo, pero no lo es. Según la última normativa Argentina, la mujer no es la persona de sexo femenino, sino el sujeto de cualquier sexo asignado e identidad de género feminizada.
Esta nueva definición jurídica y cultural violenta, sin embargo, las definiciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos y la misma Constitución nacional.
En concreto, a partir de la Ley de Identidad de Género, el sexo legal fue sustituido por el género identitario autopercibido –cis o trans– y los varones fueron introducidos en la categoría “mujer”. Dicha ley, que en rigor debería llamarse “de eliminación del sexo”, reemplazó una determinación objetiva, pública y universal como el sexo por una autorrepresentación mental de contenido difuso y confuso, certificada por el propio sujeto.
La eliminación del sexo legal y su sustitución por el género sentido, constituye una estrategia central de la ideología woke, operada a través de los Principios de Yogyakarta. Lo cierto es que esta operación ideológica violenta el sistema internacional de derechos humanos que protege a las mujeres en razón de su sexo. Para el derecho internacional, el sexo son las características biológicas que distinguen a varones y mujeres. No se trata, por lo tanto, de una ficción jurídica o alguna identificación subjetiva basada en estereotipos culturales, sino de una determinación objetiva y universal constitutiva de la persona humana y, en consecuencia, de un elemento esencial de la personalidad jurídica y un principio imperativo consolidado del derecho internacional como la base de la igualdad entre hombres y mujeres. Este principio goza de jerarquía constitucional a partir de la incorporación de la CEDAW (la Convención sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y le garantiza a las mujeres una tutela preferente.
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