Así lo decidió la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Fue en el marco de una demanda colectiva realizada por asociaciones de mujeres y diversidades para evitar el desmantelamiento de las áreas estatales en la materia.
La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la medida cautelar que había otorgado el juez federal Enrique Alonso Rigueira -de manera parcial-, en la que le ordenaba al Estado a no reducir los recursos humanos e institucionales destinados a la protección contra la violencia de género.
Fue en el marco de una acción declarativa de certeza iniciada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, en conjunto con otras asociaciones civiles contra el Estado Nacional, para que éste defina cómo se cumplirían las obligaciones legales asumidas a través de las Leyes para prevenir la violencia de género (Ley 26.485, 27.499 y 27.210). En concreto, solicitaron al Estado que estableciera un plan de acción para reordenar los recursos y garantizar los servicios de prevención y atención a las víctimas de violencia de género.
Los fundamentos de la demanda se centraban en el cierre del Ministerio encargado de proteger los derechos de las personas afectadas por violencia de género y su consiguiente traslado a una subsecretaría dentro del Ministerio de Capital humano. También, por el consecuente ajuste presupuestario, el desmantelamiento de programas claves para prevenir la violencia y asistir a las víctimas, y el despido masivo de personal encargado de garantizar estos servicios.
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