Columna de AMJA
Por Cecilia Torri
La provincia de Córdoba, mediante ley 10758, adhirió a la ley nacional 27.592 conocida como “Ley Yolanda”, la cual dispone la capacitación obligatoria en materia de ambiente para todas las personas que se desempeñen en la función pública. Regulación que no alude a la perspectiva de género, por lo que resulta de interés identificar los retos y limitaciones que en la actualidad deberá enfrentar la gobernanza local en el diseño del contenido de las capacitaciones y su implementación a los fines de generar una política género-responsiva.
Ello por cuanto ha sido un compromiso asumido por nuestro país internacionalmente (Programa de Trabajo de Lima de la Convención Marco sobre el Cambio Climático; Compromiso de Santiago; Estrategia de Montevideo; etc.) y una acción aparentemente neutral puede reforzar desigualdades de género.
La incorporación de la perspectiva de género es central pues, justamente, son las mujeres las que sufren mayormente las consecuencias del cambio climático. En razón a que persisten las barreras para acceder a recursos en igualdad de condiciones a los varones, lo que las coloca en situación de desventaja.
A modo de ejemplificar se puede mencionar que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las mujeres, las niñas y los niños tienen 14 veces más probabilidades que los hombres de morir en un desastre climático; “el 80% de los desplazados por desastres relacionados con el clima son mujeres”. La disminución de disponibilidad de agua potable traerá aparejado una mayor pobreza de tiempo de las mujeres y niñas -en cuanto son las principales responsables de recolectar y administrarla-, y como consecuencia tenderán a renunciar a la educación.
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